Hoy, la novedad de mayor calado procede de la Federación Rusa.
Moscú prevé destinar 17,1 billones de rublos (unos 200.000 millones de dólares estadounidenses) a la defensa nacional en 2027. Dicha cifra supone un incremento de casi el 43 % respecto a los 12 billones de rublos proyectados para 2026. El gasto militar equivaldría al 6,9 % del producto interior bruto y al 35 % del gasto total del presupuesto federal. Según datos de la inteligencia militar ucraniana, cerca de 146.000 millones de dólares se consignarán específicamente a la adquisición de armamento y material técnico-militar para las fuerzas rusas.

No obstante, la escalada del gasto en defensa acarrea costes desproporcionados ante la ralentización del crecimiento económico y la contracción de los ingresos procedentes de los hidrocarburos. Las incursiones ucranianas contra la infraestructura petrolera incrementan la presión al perturbar la refinación y los suministros de combustible, en un contexto de partidas de defensa en continua expansión. Durante el conflicto, las autoridades rusas han endurecido la presión fiscal mediante el alza de tributos ordinarios y la imposición de gravámenes extraordinarios. Esta mayor recaudación no ha frenado el ensanchamiento del déficit, dado que el gasto público ha crecido a un ritmo todavía superior. En consecuencia, Moscú proyecta nuevas subidas de impuestos y una mayor apelación al endeudamiento, al tiempo que continúa mermando sus fondos soberanos de reserva para tiempos de guerra. Las partidas no militares ya sufrieron un recorte del 35 % durante el ejercicio corriente y deberán contraerse al menos un 13 % adicional el próximo año para sostener el esfuerzo bélico.

Estas medidas castigarán con mayor rigor el sector civil de la economía rusa, al restringirse drásticamente los recursos destinados a la inversión en infraestructura pública. Asimismo, la ciudadanía rusa se verá obligada a cargar directamente con el coste del rearme; al carecer de acceso al crédito en los mercados internacionales de capitales, el Estado requiere que la propia población tribute a tipos más altos y absorba las emisiones de deuda soberana. Sin embargo, los reiterados fracasos del gobierno en la colocación de bonos a corto plazo en las subastas públicas evidencian la creciente dificultad para financiar el déficit, transfiriendo de facto la factura del desajuste fiscal directamente sobre las espaldas de la población.

A raíz del aumento constante de la carga del pasivo, el endeudamiento soberano se encarece progresivamente y detrae fondos disponibles para otras partidas presupuestarias. Frente a esta disyuntiva, las autoridades rusas podrían recurrir a la emisión inorgánica de miles de millones de rublos, lo que exacerbaría la espiral inflacionaria o forzaría una devaluación monetaria, encareciendo sensiblemente el coste de los bienes importados para los hogares comunes. La reducción real de las pensiones públicas, de las prestaciones por maternidad y de las ayudas familiares agravará la vulnerabilidad financiera de la población. Paralelamente, el 11 % del tejido de pequeñas empresas rusas es ya incapaz de atender el servicio de su deuda, lo que conducirá a cierres generalizados de negocios y privará a sus titulares de fuentes de sustento.

Pese a los sucesivos incrementos anuales del presupuesto de defensa, el ritmo de avance de las fuerzas rusas en el frente terrestre experimentó una desaceleración sensible en 2026. El Kremlin destina volúmenes crecientes de capital a compensar el desgaste de efectivos y material, retribuir al personal militar y mantener la cadencia del complejo militar-industrial para intentar nuevos avances. Con este despliegue presupuestario, Rusia busca romper el estancamiento operacional en el frente y profundizar su penetración en territorio ucraniano. En paralelo, Moscú proyecta la producción mensual de miles de drones y centenares de misiles guiados, lo que le permitiría batir la infraestructura civil de los principales núcleos urbanos ucranianos con el fin de forzar el desplazamiento de la población y doblegar la voluntad política de Kiev hasta su capitulación. Sin embargo, la inflación de costes, la carestía de componentes críticos y la absorción de recursos para reponer pérdidas en combate amenazan con neutralizar gran parte de este esfuerzo antes de que se traduzca en una superioridad operacional tangible.

En síntesis, el presupuesto militar récord de Rusia refleja la determinación del Kremlin de subordinar el gasto civil al sostenimiento de la guerra. Este compromiso asigna a Moscú recursos sustanciales para dilatar los combates, pero no garantiza el punto de inflexión táctico y estratégico anhelado por Putin. Por consiguiente, Ucrania y sus aliados no pueden supeditar la neutralización de la ofensiva rusa exclusivamente a la asfixia económica. Mientras las líneas de defensa ucranianas continúen negando avances territoriales decisivos, Moscú se verá abocada a un dilema cada vez más oneroso entre costear una guerra de desgaste prolongada y garantizar las necesidades elementales de su propia población.


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