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Hoy, las noticias más relevantes proceden de Ecuador.
Mientras la atención mundial se centra en Irán, se desarrolla otra escalada armada en el contexto de la guerra global contra las drogas declarada por Estados Unidos, presentada como un golpe decisivo a las redes del narcotráfico. Sin embargo, la acción militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador revela un experimento estratégico más profundo que trasciende los objetivos formalmente declarados.
Estados Unidos y Ecuador han iniciado un ataque combinado contra los carteles de la droga ecuatorianos. Formalmente, se trata de una expansión de la Operación Southern Spear de los EE. UU., que ha pasado de funciones de vigilancia y asesoramiento a una operación militar coordinada con Ecuador.
Ecuador ha desplegado alrededor de 10.000 efectivos, mientras que Estados Unidos proporciona inteligencia, guerra electrónica y apoyo aéreo. Aunque Estados Unidos afirma que su personal no participa directamente en combate, la escala de su implicación en esta región carece de precedentes.
El objetivo declarado era degradar las redes de los carteles en la región, centrándose específicamente en su logística, arsenal de armas y narcóticos terminados. En concreto, el foco de la operación son los corredores de droga de la costa oeste en Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, que funcionan como las principales rutas de salida para el 80 por ciento de los cargamentos de cocaína que se dirigen a los mercados internacionales.
La lógica estratégica de ambos países difiere: para Ecuador, la operación es una respuesta a la escalada de violencia en el país y a la creciente erosión de la autoridad estatal en las ciudades portuarias. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, está bajo presión para demostrar progresos tangibles en materia de seguridad, y esta campaña conjunta le permite señalizar una acción decisiva.
Para los EE. UU., la operación se alinea con su recientemente declarada guerra contra las drogas, visible ya con las acciones de escalada contra los carteles en México y Venezuela. Estados Unidos trata ahora a los carteles como amenazas terroristas, lo que permite una mayor implicación de las unidades antiterroristas y acciones más severas sin la aprobación del Congreso de los EE. UU. Este enfoque permite a la administración probar una nueva doctrina que fusiona la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, utilizando a Ecuador como campo de pruebas.
El plan operativo conjunto se basó en una clara división de responsabilidades: las fuerzas ecuatorianas se encargaron de realizar las incursiones mientras que los EE. UU. proporcionaron apoyo directo. Con este fin, EE. UU. desplegó drones MQ-9 Reaper que ofrecen vigilancia constante y permiten realizar ataques de precisión, formalmente aprobados por Ecuador.
EE. UU. también desplegó helicópteros Black Hawk, que apoyan el movimiento rápido de las unidades ecuatorianas a través del desafiante terreno montañoso.
Mientras tanto, EE. UU. utiliza los aviones de guerra electrónica EA-18G Growler operando desde Puerto Rico para suprimir las comunicaciones de los carteles y proteger su aviación de los sistemas de defensa aérea portátiles que se ven cada vez más en manos de los capos de la droga del sur.
Finalmente, las Fuerzas de Operaciones Especiales de los EE. UU. actuaron como coordinadores de campo, asegurando que las unidades ecuatorianas pudieran integrar la inteligencia en tiempo real en sus movimientos.
La operación se desarrolló en varias secuencias. La fase inicial se centró en restringir el movimiento de los carteles mediante un toque de queda de 5 días, lo que complicó sus operaciones. Combinado con la vigilancia de drones e inteligencia, ayudó a identificar sitios de almacenamiento y grandes concentraciones de fuerzas de los carteles.
La siguiente fase consistió en incursiones rápidas de unidades ecuatorianas actuando sobre la información recopilada, apoyadas por helicópteros estadounidenses y actualizaciones de inteligencia en tiempo real. La rapidez y la escala combinada de la operación sorprendieron a las unidades de los carteles, dejándolas capaces de montar solo una resistencia esporádica a pesar de su significativo arsenal. Las unidades de ataque ecuatorianas también persiguieron a las unidades de los carteles en retirada, ajustando las rutas con inteligencia estadounidense en tiempo real, lo que les permitió atacar ubicaciones secundarias que el cartel utilizaba para retirarse y reagruparse.
Finalmente, las fuerzas ecuatorianas comenzaron a asegurar las áreas despejadas para evitar que elementos dispersos del cartel retomaran el control tras finalizar la operación.
Como resultado, las autoridades ecuatorianas realizaron más de 400 detenciones e incautaron numerosas armas, incluyendo granadas de fragmentación, rifles de cañón largo y dispositivos explosivos improvisados, junto con 1,9 toneladas de narcóticos. Aunque las autoridades no han revelado cifras exactas de bajas, se informa que la operación ha interrumpido la actividad de tráfico en curso, ha negado a los carteles el acceso a ciertas instalaciones y ha obligado a los miembros supervivientes a dispersarse en gran número de las posiciones previamente establecidas.
En general, la operación marca una escalada significativa en la forma en que Estados Unidos aborda la guerra contra las drogas, replanteándola como antiterrorismo y aumentando la participación directa en estados socios. Para Ecuador, la campaña ofrece ganancias a corto plazo en control territorial y estabilidad política, pero también aumenta la dependencia a largo plazo de los programas militares estadounidenses. Los éxitos tácticos logrados hasta ahora no abordan los pilares estructurales del poder de los carteles, y la durabilidad de estos logros dependerá de la capacidad de Ecuador para mantener la presión sin el apoyo extranjero continuo. La evolución de esta operación indicará si se convierte en una fórmula replicable para futuras acciones de EE. UU. en su esfera de influencia, o simplemente en una respuesta singular a la actual crisis de seguridad de Ecuador.
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