A día de hoy, las principales novedades operativas y analíticas provienen de Irán.
Tras el estallido de las hostilidades, los Estados afectados por los ataques de misiles y drones iraníes, así como por las amenazas de una mayor escalada, rechazaron integrarse en la coalición internacional liderada por Washington contra Teherán. No obstante, este posicionamiento no obedeció a la eficacia de la diplomacia o la coerción iraní, sino a una serie de decisiones estratégicas de la administración estadounidense que inhabilitaron su capacidad para alinear a sus socios en el esfuerzo bélico.

Uno de los primeros indicios de que el conflicto podría desbordar las fronteras de Irán se produjo cuando vectores no tripulados iraníes violaron el espacio aéreo de Azerbaiyán, impactando contra las terminales aeroportuarias de la ciudad de Najicheván. A pesar de sufrir esta agresión directa, Bakú rehusó incorporarse a la coalición militar coordinada por Estados Unidos contra Irán. Esta postura no se debió a la ausencia de agravios, sino a un frío cálculo de riesgos. Aunque Azerbaiyán exigió explicaciones tras las incursiones e intensificó su cooperación en materia de seguridad con Turquía y Georgia, su liderazgo político comprendió que beligerar activamente transformaría al país en un Estado de primera línea de frente, atrapado en el fuego cruzado entre Irán y la Federación Rusa, lo que provocaría un nivel de devastación exponencialmente superior al ya registrado. Cualquier garantía de protección efectiva habría dependido del despliegue masivo y expedito de las fuerzas de los miembros europeos de la OTAN en el teatro de operaciones, un escenario que distaba de estar garantizado. Dado que Azerbaiyán emitió señales claras de que no participaría en acciones ofensivas, Irán modificó su postura hacia la desescalada y ensayó tentativas de reconciliación respecto a sus ataques iniciales. Esto debilitó aún más los incentivos para que Bakú se involucrara en la contienda, una vez disipada la perspectiva de una campaña de agresión continuada por parte de Teherán.

La reticencia de Azerbaiyán no constituyó un hecho aislado, sino el síntoma temprano de un dilema estratégico mucho más amplio para Washington. Estados Unidos ejecutó sus operaciones ofensivas sin desplegar previamente los mecanismos de coordinación diplomática que, por norma general, anteceden a las grandes campañas militares que involucran a potencias aliadas. Esta omisión resulta paradigmática, dado que Washington había postergado su intervención durante dos meses con el propósito explícito de prepararse para una confrontación directa con Irán, en lugar de intervenir durante el apogeo de las movilizaciones de protesta de enero. Sin embargo, mientras que dicho lapso temporal se optimizó para los preparativos logísticos y militares, no se instrumentalizó para forjar un consenso político ni para coordinar un plan de contingencia unificado con sus aliados occidentales. En consecuencia, las cancillerías europeas se vieron sorprendidas por los acontecimientos, quedando relegadas a una postura meramente reactiva en lugar de anticipatoria. Cuando Washington instó a sus socios a sumarse a la campaña una vez iniciadas las hostilidades, la mayoría de ellos carecía de contingentes desplegados o de los acuerdos logísticos necesarios para una intervención militar inmediata en la región. Adherirse a la guerra bajo tales premisas habría exigido una movilización apresurada de fuerzas y una integración prematura en operaciones de ataque, incrementando críticamente el riesgo de sufrir pérdidas evitables de material y personal.

La deficiencia en la planificación se vio agravada por un factor estructural aún más profundo: la ausencia de un objetivo estratégico común y unánimemente aceptado para el desarrollo de la campaña. A pesar de los riesgos y desafíos inherentes, la definición del cambio de régimen en Irán como meta político-militar habría conferido a la guerra un propósito nítido y fácilmente comprensible, capaz de articular un respaldo multilateral. No obstante, tal como se analizó en informes precedentes, el concepto inicial de propiciar un cambio de régimen demostró rápidamente su inviabilidad operativa, dinamitando el sustrato político que podría haber cohesionado a los aliados en torno a una misión conjunta. Esta incertidumbre estratégica se vio acentuada por el deterioro previo de las relaciones transatlánticas y por las señales erráticas y contradictorias emitidas por la administración estadounidense respecto a los fines últimos del conflicto. Las diversas declaraciones oficiales oscilaron de manera ambivalente entre la degradación de las capacidades militares iraníes, el desmantelamiento de su supuesto programa de armamento nuclear y ambiciones geopolíticas más amplias que implicaban transformaciones políticas estructurales y mutaciones fronterizas en el interior de Irán.

En consecuencia, cuando los misiles y drones iraníes comenzaron a batir posiciones con intereses europeos en Oriente Próximo, la respuesta adoptada fue de naturaleza estrictamente defensiva y soberana, en lugar de una ofensiva coordinada en coalición. El Reino Unido reforzó su despliegue en Chipre mediante el envío de aeronaves adicionales, activos de defensa aeroespacial y sistemas contra vehículos aéreos no tripulados. Francia desplegó unidades navales, cazas Rafale y sistemas de defensa antiaérea basados en tierra. Por su parte, Grecia, España, Italia y Turquía reubicaron sistemas de defensa aérea, activos navales y vectores aéreos para proteger exclusivamente a su personal, bases e infraestructuras críticas. Ninguna de estas naciones, sin embargo, participó en las operaciones ofensivas de la campaña. Turquía, en particular, consolidó sus defensas antimisiles después de que múltiples proyectiles balísticos iraníes penetraran en su espacio aéreo y fueran interceptados por los sistemas de defensa aérea de la OTAN. Estos despliegues evidenciaron que los Estados europeos poseían la determinación para ejercer su legítima defensa, pero no la voluntad política de integrarse en la guerra unilateral de Estados Unidos contra Irán.

Por último, las monarquías del Golfo estuvieron sujetas a la mayor presión geopolítica para incorporarse a la coalición antiiraní, dado que figuraban entre los objetivos prioritarios de los vectores de Teherán. Si bien algunas de estas naciones respondieron mediante ataques aéreos de alcance limitado, mantuvieron una estricta cautela para evitar ser identificadas abiertamente como beligerantes en un conflicto regional generalizado. En diversos episodios, las aeronaves operaron con sus escarapelas, marcas de identificación y pabellones nacionales suprimidos u ocultados, reflejando el imperativo estratégico de preservar una denegación plausible y mitigar el riesgo de una escalada de represalias. Esta prudencia técnica emanaba de realidades militares estructurales: las fuerzas armadas del Golfo están dimensionadas principalmente para la seguridad interna, la supremacía aérea sobre actores no estatales o insurgencias y la defensa antimisiles frente a fuerzas subsidiarias (proxies), careciendo de la doctrina y la estructura necesarias para sostener un conflicto convencional prolongado contra una potencia regional de la escala de Irán. Para estos Estados, la disuasión constituía un umbral aceptable, mientras que una guerra de desgaste representaba un costo estratégico inasumible.

En síntesis, desde la perspectiva de la administración estadounidense, el fracaso en la articulación de la coalición no derivó de una falta de convergencia en la percepción de la amenaza iraní por parte de los aliados, sino de la incapacidad de Estados Unidos para instituir las condiciones políticas indispensables para una acción colectiva. Al carecer de un plan estratégico unificado y de un objetivo final claramente definido, Washington se vio incapaz de persuadir a sus socios de que los riesgos inherentes a la beligerancia mercían ser asumidos. Por consiguiente, la mayoría de los Estados priorizaron vectores de autoprotección y defensa de sus propios intereses frente a la contribución a una campaña ofensiva de gran envergadura contra Irán. En su conjunto, la frustrada configuración de la coalición evidenció que la preparación diplomática posee una relevancia equivalente a la planificación estrictamente militar, constituyendo un imperativo ineludible en el escenario internacional real.


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