La Unión Europea avanza hacia una prohibición total de exportaciones a medida que se endurece su aplicación.

El régimen de sanciones de Europa contra el petróleo ruso entra en una fase de credibilidad, donde la brecha entre la autoridad legal y la aplicación efectiva se vuelve imposible de ignorar. Lo que antes funcionaba como un modelo de disuasión mediante el cumplimiento depende ahora casi por completo de si los Estados están dispuestos a asumir los costos políticos y legales de actuar en el mar. Los puntos de estrangulamiento marítimos, los regímenes de seguros y las dependencias de servicios otorgan a Europa una influencia estructural que existía en el papel desde hace tiempo, pero que permanecía subutilizada en la práctica. A medida que Rusia se adapta concentrando sus exportaciones en rutas previsibles y confiando en redes de transporte marítimo paralelas, la efectividad de las medidas a medias se erosiona continuamente. Esto crea un dilema estratégico: o la aplicación se convierte en rutina, o todo el marco corre el riesgo de ser percibido como simbólico. En este contexto, el debate político actual señala un cambio de la gestión del cumplimiento a la imposición de una elección binaria entre actuar y violar abiertamente.

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