La Unión Europea avanza hacia una prohibición total de exportaciones a medida que se endurece su aplicación.

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Aquí, los funcionarios reconocen abiertamente que el tope de precios al petróleo para las exportaciones rusas ya no está influyendo en el comportamiento de Rusia de manera significativa. Lo que se presenta como un cambio de política limitado es, en realidad, la primera señal de que Europa se prepara para modificar la forma en que se aplica la normativa en el mar.

La Unión Europea está ahora discutiendo abiertamente un cambio desde el tope de precios hacia una prohibición total de los servicios marítimos que apoyan las exportaciones de petróleo ruso. El enfoque ya no está en ajustar los umbrales o refinar las normas de cumplimiento, sino en reemplazar por completo el marco del tope de precios. En términos de política, esto indica que la UE ya no ve el tope como una herramienta que pueda arreglarse con pequeños cambios.

La presión está aumentando porque las exportaciones de petróleo de Rusia están cada vez más limitadas a un pequeño número de rutas marítimas inevitables. En teoría, el panorama de aplicación ya parece sólido. La mayor parte del petróleo ruso transportado por mar sale a través del Báltico y el Mar Negro, lo que significa que el tráfico de petroleros se concentra inevitablemente en un reducido número de rutas bien conocidas.

El Reino Unido ha declarado que tiene la base legal para detener e inspeccionar los petroleros de la flota fantasma que transitan por el Canal de la Mancha, y funcionarios de la UE han afirmado que, si se activara la aplicación allí, están preparados para interceptar los envíos de petróleo ruso y cerrar el Mar Báltico a las exportaciones rusas. En teoría, esta combinación debería dejar pocas opciones de ocultamiento a las exportaciones rusas y dar a los estados europeos herramientas para actuar de manera decisiva.

Sin embargo, en la práctica, la aplicación no ha cruzado esa línea. El Reino Unido, aunque ya no forma parte de la UE, sigue estrechamente alineado con ella en política de sanciones y a menudo refleja las posiciones diplomáticas y de aplicación de la UE, pero todavía se limita a rastrear y monitorear los movimientos de la flota fantasma en lugar de detener rutinariamente los buques en tránsito.

Las acciones recientes de España ilustran la misma vacilación, después de escoltar al petrolero sancionado Chariot Tide fuera de aguas españolas hacia el puerto marroquí de Tánger Med, en lugar de detenerlo. El buque había perdido propulsión cerca de la costa española, y las autoridades trataron la situación como un asunto de seguridad marítima en lugar de usarla para hacer cumplir las sanciones.

Esta brecha entre la autoridad declarada y el comportamiento real es precisamente la razón por la que la UE está considerando una medida más drástica, porque en teoría las herramientas existen, pero en la práctica los estados a menudo eligen no usarlas.

Los gobiernos se detienen principalmente por riesgos legales y financieros, aunque ya entienden cómo Rusia está eludiendo las normas. Abordar o detener un petrolero plantea preguntas complejas sobre derecho marítimo, responsabilidad del estado de bandera y si un buque puede considerarse efectivamente apátrida. La detención también expone a los gobiernos a demandas de los armadores y aseguradoras, así como a responsabilidades si un incidente provoca daños ambientales. En ese entorno, monitorear se siente más seguro que actuar, incluso cuando las herramientas de aplicación existen técnicamente.

Esta vacilación legal es la razón por la que la UE y el Reino Unido se están moviendo hacia una prohibición total de los servicios marítimos que apoyan las exportaciones de petróleo ruso. El problema con el sistema actual es que la aplicación depende de revisar precios y documentación, lo que da tiempo a los petroleros de la flota fantasma para seguir moviéndose mientras las autoridades dudan. Una prohibición total elimina esa complejidad al establecer una regla simple: el petróleo ruso transportado utilizando seguros, transporte u otros servicios occidentales es ilegal. Bajo el sistema actual, los países pueden seguir retrasando la acción mientras revisan documentos y evalúan el cumplimiento.

Con una prohibición total, esa opción desaparece. Si un petrolero que transporta petróleo ruso es autorizado a pasar por sus aguas sin acción, las autoridades están permitiendo directamente una actividad ilegal bajo sus propias normas. Esto invierte completamente la presión, porque no actuar se convierte en la violación. En términos simples, la intercepción deja de ser una decisión política y se convierte en la forma básica en que los gobiernos demuestran que están aplicando la prohibición.

En general, lo que importa ahora no es tanto cómo están redactadas las reglas, sino si los países europeos están dispuestos a aplicarlas. Si se introduce una prohibición total de los servicios marítimos y el Reino Unido la sigue, el resultado no será un cierre inmediato de las exportaciones de petróleo ruso, sino retrasos crecientes, problemas de seguros y mayores riesgos para cada envío.

Con el tiempo, esa presión dejaría a los exportadores con menos opciones viables, aceptando mayores costos y exposición o reduciendo los volúmenes. La idea es que, una vez que ignorar las violaciones se vuelva costoso por sí mismo, detener los barcos se convierta en la respuesta normal en lugar de la excepción.