Los gobiernos europeos preparan una ola de nacionalizaciones de las refinerías de petróleo rusas.

Hoy, las noticias más importantes provienen de Europa.

Aquí, los gobiernos de todo el continente se preparan para incautar o nacionalizar los activos energéticos de propiedad rusa después de que las nuevas sanciones de Estados Unidos obligaran a Lukoil a liquidar sus participaciones extranjeras. Lo que comenzó como la retirada de una sola empresa se ha convertido en un cambio continental, con gobiernos desde Berlín hasta Belgrado enfrentando la misma pregunta: arriesgarse a las sanciones o expropiar directamente la infraestructura energética rusa.

Las nuevas sanciones de Washington son de las más trascendentales hasta la fecha, ya que apuntan a cualquier entidad europea que siga cooperando con las filiales petroleras rusas, haciendo que las operaciones continuas sean legalmente arriesgadas y financieramente inviables. Si recuerdas de informes anteriores, Lukoil fue la primera víctima, obligada a vender sus refinerías en Bulgaria, Rumanía, los Países Bajos y Estados Unidos. La presencia europea de la compañía representaba miles de millones en ingresos, pero su rápida retirada marcó un precedente: cada refinería y distribuidor controlado por Rusia en Europa está ahora bajo revisión. Para evitar sanciones secundarias, los gobiernos están elaborando medidas de emergencia que van desde la nacionalización hasta las ventas forzadas.

El caso más importante es Alemania, ya que Berlín está considerando la nacionalización total de Rosneft Deutschland, que controla las refinerías de Schwedt y Karlsruhe, instalaciones responsables de aproximadamente una quinta parte del suministro de combustible alemán.

La empresa ha estado bajo tutela gubernamental desde 2022, pero las nuevas sanciones están impulsando al gobierno a considerar una propiedad estatal permanente. Los funcionarios argumentan que la medida es necesaria para proteger la seguridad y evitar que un nodo clave de la cadena de suministro caiga en parálisis financiera. Schwedt, por sí sola, abastece a la capital y a gran parte del este de Alemania. Cualquier interrupción allí podría provocar escasez, protestas y reacciones políticas.

En Serbia, la crisis es aún más grave, ya que la empresa nacional de petróleo NIS sigue siendo propiedad en un 56 % de entidades vinculadas a Gazprom y ahora enfrenta sanciones secundarias estadounidenses. El Departamento del Tesoro suspendió su acceso al sistema bancario internacional y advirtió que el suministro a través del oleoducto croata Janaf se detendrá a menos que se resuelva la cuestión de la propiedad rusa. El presidente Aleksandar Vučić ha reconocido que la nacionalización es el último recurso, pero admite que puede no tener otra opción. NIS aporta casi el diez por ciento de los ingresos del presupuesto serbio, y su refinería en Pančevo se quedará sin petróleo en pocas semanas si no se logra un acuerdo. Un cierre dejaría al país sin combustible para el invierno, obligando a Belgrado a elegir entre la supervivencia económica y sus lazos políticos con Moscú.

El caso de Bulgaria sigue una trayectoria similar, con un giro estratégico, ya que la refinería de Burgas, propiedad de Lukoil, que suministra alrededor del 80 % del combustible nacional, ya estaba siendo preparada para su venta como parte de la retirada más amplia de Lukoil de los activos extranjeros.

Ahora, Sofía se está moviendo para aprovechar la situación, posicionándose para comprar la refinería, potencialmente con un fuerte descuento, antes de que las nuevas sanciones estadounidenses congelen el acuerdo por completo. El gobierno ha pedido a Washington una exención temporal para mantener las operaciones estables, advirtiendo que cualquier interrupción podría provocar escasez y disturbios. Durante años, Burgas simbolizó la influencia económica de Moscú dentro de la Unión Europea. Ahora puede convertirse en propiedad estatal, adquirida en los términos de Europa y no en los de Rusia.

Hungría, por el contrario, sigue siendo la más reacia a actuar, ya que el primer ministro Viktor Orbán continúa profundizando los lazos energéticos con Moscú a pesar de las repetidas advertencias de Washington y Bruselas. El enviado estadounidense Matthew Whitaker declaró que Budapest no debería recibir excepciones a las sanciones, como han solicitado los funcionarios húngaros, señalando que Hungría no ha tomado medidas activas para reducir su dependencia del crudo ruso. Los funcionarios incluso advirtieron que el oleoducto que suministra petróleo ruso a Hungría no permanecerá abierto indefinidamente. En lugar de cambiar de rumbo, el plan de Orbán era reunirse con Trump en Washington para buscar protección frente al régimen de sanciones, un intento que resalta el creciente aislamiento de Hungría dentro de la política energética europea.

Para Europa, la ola de nacionalizaciones representa una consolidación estratégica de la soberanía energética. Los últimos vestigios del imperio energético de Moscú —sus refinerías, sitios de almacenamiento y redes de distribución— están siendo desmantelados. Lo que alguna vez se consideró un vínculo vital en un mercado energético compartido ahora se trata como un riesgo para la seguridad nacional. Para Rusia, las consecuencias son duraderas, ya que empresas como Lukoil, Rosneft y Gazprom Neft pasaron décadas expandiéndose por el continente para ganar influencia política e ingresos en divisas fuertes. Esa influencia está desapareciendo casi de la noche a la mañana.

En conjunto, la ola de nacionalizaciones en Europa marca el fin del dominio ruso en su sector energético tras décadas de hegemonía. Cada refinería incautada y cada asociación disuelta aíslan aún más a Moscú, transformando las sanciones de una presión financiera en una reestructuración estructural, mientras la dependencia europea se convierte en control y los antiguos activos rusos pasan a ser símbolos de su retirada del continente.